EE. UU. insta a sus aliados a tomar medidas contra WikiLeaks

La administración de Obama está presionando a Gran Bretaña, Alemania, Australia y los demás gobiernos aliados occidentales para que estudien iniciar investigaciones penales sobre el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y limitar estrictamente los viajes, propios de un nómada que, según afirman las autoridades estadounidenses le permiten cruzar fronteras internacionales.
 
Las autoridades han declarado a The Daily Beast que la tentativa de Estados Unidos es reflejo de la creencia incipiente de que WikiLeaks y otras organizaciones similares amenazan con causar perjuicios graves en la seguridad nacional estadounidense, así como de la creciente sospecha de Washington de que Assange ha deteriorado su imagen internacional ante gobiernos y organizaciones extranjeras que, por lo demás, podrían simpatizar con su causa contra la censura.
 
Las autoridades estadounidenses han confirmado el mes pasado que el Departamento de Justicia estaba sopesando presentar una serie de cargos penales contra Assange y otros como consecuencia del filtrado masivo de informes militares clasificados estadounidenses de la guerra de Afganistán, incluida la violación potencial de la Ley de Espionaje estadounidense por parte de Bradley Manning, el analista de inteligencia del Ejército estadounidense destacado en Iraq y acusado de suministrar los documentos a WikiLeaks.
Ahora, según afirman las autoridades, quieren que los demás gobiernos consideren la posibilidad de formular idénticas acusaciones.
 
«No son sólo nuestras tropas las que se han visto puestas en peligro por esta filtración», declaró una autoridad diplomática estadounidense implicada en la respuesta a las secuelas de la revelación de más de 70.000 diarios de guerra de Afganistán... y de la amenaza de WikiLeaks de hacer públicos otros 15.000 informes clasificados adicionales.
 
«Son las tropas británicas, son las tropas alemanas, son las tropas australianas; todos los soldados de la OTAN y de los ejércitos extranjeros que colaboran en Afganistán», indicó. Sus gobiernos, decía, deberían seguir los pasos del Departamento de Justicia estadounidense y «estudiar si los actos de WikiLeaks constituyen un delito según su legislación de seguridad nacional».
El mes pasado, un grupo pro-militar destacado en Australia sugirió que tal vez Assange había quebrantado la legislación australiana con la revelación de los diarios de guerra afganos, dada la amenaza que la filtración puede haber planteado para la vida de los soldados australianos destacados entre las tropas comandadas por la OTAN.
 
La administración de Obama se sintió alentada por el llamamiento realizado esta semana por Amnistía Internacional y otras cuatro organizaciones de derechos humanos, según el cual WikiLeaks debía tener más cuidado al editar material clasificado procedente de la guerra de Afganistán para asegurarse de que las revelaciones públicas no ponían en peligro la vida de afganos inocentes susceptibles de ser identificados a través de los documentos.
 
«Es asombrosa la forma en que se le ha ido de las manos este asunto a Assange», comentaba perplejo una autoridad del Departamento de Defensa estadounidense. «Con esto ha distanciado a un tipo de personas que uno pensaría que son sus principales defensores.»
Se dice que el documento inicial expuesto por WikiLeaks el mes pasado ha revelado los nombres de centenares de civiles afganos que han cooperado con las tropas de la OTAN; los talibanes han advertido que darán caza a los civiles cuyo nombre aparece en los documentos, una amenaza que las organizaciones de derechos humanos dicen que Wikileaks debería tomarse muy en serio.
El escrito conjunto que han dirigido las cinco organizaciones, dado a conocer por The Wall Street Journal , fue acogido con una reacción áspera de Assange, que se comunica con el mundo exterior, sobre todo, a través de la herramienta de las redes sociales de Internet Twitter.
 
Al parecer, sugirió que las agencias de noticias y las organizaciones de derechos humanos, sobre todo Amnistía Internacional, deberían ayudarle a financiar el coste de la edición y publicación de la mayor parte de los documentos de guerra afganos; pero que, por el contrario, se habían negado a cooperar.
«El Pentágono quiere arruinarnos negándose a colaborar en la revisión», indicó el lunes en Twitter refiriéndose al esfuerzo realizado por WikiLeaks para convencer al Departamento de Defensa de que se sumara a revisar los 15.000 documentos adicionales para eliminar el nombre de los civiles afganos y de otras personas que podrían verse en peligro si se publicara. «Los medios de comunicación no asumen responsabilidades. Amnistía tampoco. ¿Qué hacemos?»
 
En un mensaje distinto enviado en Twitter, Assange cifraba en 700.000 dólares el coste de la «revisión para minimizar los riesgos» (una referencia, según parece, al esfuerzo realizado para editar los 15.000 documentos eliminando el nombre de los informantes). No está claro cómo obtuvo la cifra.
 
Assange, de origen australiano, viaja continuamente y se dice que no tiene hogar, sino que vive en casas de amigos y simpatizantes de todo el mundo.
 
Se ha informado hace poco de que la semana pasada estuvo en el Reino Unido, aunque ha pasado una parte importante de este año en Australia, Islandia y Estados Unidos. Él ha afirmado que está posponiendo un futuro viaje a Estados Unidos por miedo a tener que hacer frente a sanciones legales en aquel país.
A través de canales diplomáticos y militares, la administración de Obama confía en convencer, entre otros gobiernos aliados, a Gran Bretaña, Alemania y Australia de que Assange no debería ser bien recibido tampoco en sus territorios, dado el peligro que, según indican las autoridades estadounidenses, su organización representa para las tropas destacadas en Afganistán,.
 
Afirman que imponer restricciones rígidas a los viajes de Assange podría servir de advertencia eficaz para sus seguidores de que ahora es su libertad la que está en peligro. Un voluntario estadounidense destacado que trabaja para WikiLeaks ha informado el mes pasado de que los agentes de aduanas estadounidenses lo sometieron a un interrogatorio de varias horas y le confiscaron el ordenador portátil y los teléfonos móviles a su regreso a Estados Unidos procedente de Europa.
 
Una autoridad militar estadounidense ha declarado a The Daily Beast que Washington también podría querer revisar a fondo sus relaciones con Islandia tras la publicación de los diarios de guerra de Afganistán.
Assange y sus seguidores han logrado presionar al gobierno de Islandia tras el colapso del sistema bancario del país para que se reposicione como puerto franco para la libertad de expresión y cree un hogar potencial para WikiLeaks y otras organizaciones que podrían quebrantar las leyes de Estados Unidos y otros países con la publicación de documentos clasificados.
 
Philip Shenon, antiguo periodista de investigación de The New York Times , es autor de The Commission: The Uncensored History of the 9/11 Investigation